El abogado y comunicador José Solimán consideró que la llegada de Juan Manuel Méndez a la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) representa un gran desafío, debido a la complejidad de los problemas que enfrenta el país en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial.
Solimán valoró que Méndez haya planteado desde sus primeros días al frente de la institución la necesidad de fortalecer el régimen de consecuencias y hacer cumplir la Ley 63-17, al considerar que durante años una de las principales dificultades del sistema ha sido la falta de cumplimiento efectivo de las normas. El nuevo director ha señalado, además, que la solución no será inmediata y que el tránsito debe ser gestionado mediante coordinación institucional y aplicación de la ley.
Para Solimán, sin embargo, el desafío no debe limitarse a aumentar las multas o realizar operativos. Entiende que el país necesita combinar fiscalización, consecuencias y educación vial, porque el comportamiento de los conductores es uno de los principales factores que inciden en la seguridad de las calles y carreteras.
“Juan Manuel Méndez tiene un gran desafío por delante. En materia de tránsito hay mucho que trabajar y el país necesita un verdadero régimen de consecuencias, pero también necesita educar al ciudadano para que entienda que respetar las normas no es opcional, sino una responsabilidad que puede salvar vidas”, sostuvo Solimán.
El comunicador planteó que una de las primeras líneas de acción debe ser fortalecer los programas de educación vial desde las escuelas, incorporando de manera permanente contenidos sobre señales de tránsito, respeto al peatón, uso correcto del casco, conducción responsable y prevención de accidentes. El INTRANT ya ha desarrollado iniciativas educativas en centros escolares y programas como “Guardianes del Tránsito”, por lo que, a juicio de Solimán, estos esfuerzos deberían ampliarse a nivel nacional.
Asimismo, consideró necesario fortalecer la coordinación entre el INTRANT, la DIGESETT, el Ministerio de Obras Públicas, los ayuntamientos y las organizaciones del transporte, de manera que las acciones no se desarrollen de forma aislada. Méndez también ha señalado que la fiscalización requiere mayores recursos humanos y logísticos para que las normas puedan hacerse cumplir de manera efectiva.
Solimán propone, además, impulsar campañas permanentes de concienciación, reforzar la fiscalización de motocicletas —sector que concentra una elevada proporción de las víctimas de siniestros viales—, acelerar la inspección técnica vehicular, mejorar la señalización y utilizar tecnología para detectar infracciones y conductas peligrosas.
Otro punto que considera fundamental es que las sanciones sean aplicadas de manera uniforme, sin importar quién cometa la infracción. A su juicio, el ciudadano debe tener la certeza de que conducir sin licencia, violar un semáforo, utilizar una motocicleta sin las condiciones de seguridad requeridas o manejar de manera temeraria tendrá consecuencias.
La dimensión del reto queda reflejada en las cifras reportadas por el propio INTRANT: durante 2025 se registraron 2,992 muertes por siniestros de tránsito en República Dominicana, de las cuales más del 65 % correspondieron a motociclistas. El Gobierno mantiene como meta reducir en un 50 % las muertes viales para 2030.
Para Solimán, la gestión de Méndez debe apostar por una visión integral: “educar para prevenir, fiscalizar para ordenar y sancionar para generar consecuencias”.
El abogado y comunicador entiende que ordenar el tránsito dominicano no dependerá exclusivamente de una persona ni de una institución, sino de un cambio progresivo en la cultura ciudadana, acompañado de autoridades con capacidad para hacer cumplir las normas.
En ese sentido, consideró que la experiencia de Méndez durante más de dos décadas al frente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puede ser aprovechada para fortalecer la coordinación entre instituciones y asumir con firmeza uno de los problemas públicos que más vidas cobra en el país.
Solimán concluyó que el éxito de la nueva gestión del INTRANT deberá medirse no solamente por la cantidad de operativos realizados o multas aplicadas, sino por resultados concretos: menos accidentes, menos muertes, mayor respeto a las normas y una ciudadanía cada vez más consciente de que la seguridad vial es una responsabilidad colectiva.
