El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a penas de hasta 20 años de prisión a varios altos mandos militares tras encontrarlos culpables de participar en un esquema de fraude que habría causado pérdidas superiores a los RD$4,500 millones al Estado dominicano.
Entre los principales condenados figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, quienes recibieron sentencias de 20 años de prisión. Mientras, el general Julio Camilo de los Santos Viola fue condenado a 15 años.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2020 a través de estructuras operadas desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Las investigaciones determinaron que ambas instituciones mantenían en nómina a personas que cobraban salarios sin desempeñar funciones, recursos que posteriormente eran desviados en beneficio de los responsables de la estructura.
Cáceres Silvestre dirigió el Cusep durante parte de la administración del expresidente Danilo Medina, mientras que Torres Robiou estuvo al frente del Cestur. Por su parte, Núñez de Aza fungía como encargado financiero del Cusep y De los Santos Viola como subdirector de esa entidad.
La sentencia también alcanzó a otros implicados en el entramado, sumando un total de 29 condenados con penas que oscilan entre tres y veinte años de prisión, además de multas económicas y la disolución de varias empresas vinculadas a las operaciones.
El caso surgió a raíz de las investigaciones desarrolladas mediante las operaciones Coral y Coral 5G, ejecutadas por el Ministerio Público en 2021 para desmantelar la presunta red de corrupción.
Tras conocerse la decisión judicial, el procurador adjunto Wilson Camacho calificó el fallo como «histórico» y «ejemplar», al considerar que representa una señal contundente contra la corrupción administrativa y la impunidad en la República Dominicana.
La lectura de la sentencia se extendió por varias horas y concluyó la madrugada de este martes, marcando uno de los fallos más relevantes emitidos en los últimos años en materia de corrupción pública en el país.
